Colombia: Más de un siglo de Violencia Política Estructural – Historia, Responsables y el Desafío de Superarla.
La violencia política en Colombia no es un fenómeno reciente ni atribuible a un gobierno en particular. Es una herencia estructural forjada durante más de un siglo, donde se cruzan la represión estatal, la exclusión política, las insurgencias armadas, el narcotráfico, el paramilitarismo y la impunidad. Esta violencia ha dejado cientos de miles de muertos, millones de desplazados y profundas heridas en la democracia. Culpar exclusivamente al presidente Gustavo Petro por los problemas de seguridad actuales es una visión histórica reduccionista que ignora el origen sistémico del conflicto.
1. Primeros hechos de violencia política (1828–1899): Fundamentos estructurales.
Aunque muchos ubican el inicio del conflicto armado moderno en el siglo XX, los antecedentes de la violencia política en Colombia comienzan mucho antes.
El intento de asesinato de Simón Bolívar (1828)
El 25 de septiembre de 1828, durante la Noche Septembrina, opositores al gobierno de Bolívar intentaron asesinarlo en el Palacio de San Carlos (Bogotá). Bolívar había asumido poderes dictatoriales tras disolver la Convención de Ocaña y cerrar el Congreso, lo que generó un profundo malestar político. Gracias a la intervención de Manuela Sáenz, logró escapar.
Este evento marcó el inicio simbólico de una cultura política basada en la eliminación física del adversario, la intolerancia ideológica y el uso de la violencia como herramienta de poder.
A lo largo del siglo XIX, el país vivió múltiples guerras civiles que enfrentaron a federalistas y centralistas, liberales y conservadores, consolidando una tradición de enfrentamientos armados como mecanismo de disputa política.
2. La Guerra de los Mil Días (1899 – 1902).
Este conflicto armado entre Liberales y Conservadores dejó entre 80.000 y 120.000 muertos. Fue el primer gran estallido de violencia política moderna en Colombia y consolidó tres patrones que persistirían:
- La eliminación del adversario como práctica política.
- La militarización de la vida civil.
- La fragilidad del Estado frente a disputas entre élites.
3. Masacre de las Bananeras (1928): Represión como doctrina.
Ocurrió el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena, cuando el Ejército colombiano, bajo órdenes del gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez, abrió fuego contra miles de trabajadores en huelga de la United Fruit Company (hoy Chiquita Brands). Los obreros exigían mejores condiciones laborales: pago en dinero en lugar de vales, jornada de 8 horas, descanso dominical y reconocimiento sindical.
Ante la presión diplomática de Estados Unidos para proteger los intereses de la empresa, el gobierno respondió con violencia. Aunque las cifras oficiales hablaron de unas pocas decenas de muertos, testigos y reportes extraoficiales sugieren entre 300 y más de 1.000 víctimas.
Este hecho:
Inauguró el uso de la represión estatal como respuesta a la protesta social.
Fue inmortalizada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad como símbolo de la memoria negada y la injusticia estructural en Colombia.
4. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y 'La Violencia' (1948 – 1958).
El magnicidio de Gaitán generó una insurrección popular (El Bogotazo) y abrió paso a una guerra civil bipartidista. Más de 200.000 personas murieron. Este período consolidó la exclusión del pueblo de la política nacional y sentó las bases del conflicto armado rural posterior.
5. Emergencia de las Guerrillas (1960 – 1980): Insurgencia por exclusión.
En respuesta al cierre de la participación política, surgieron las FARC, el ELN y el M-19. Causas principales:
- Concentración extrema de tierras.
- Represión a la protesta social.
- Ausencia estatal en regiones rurales.
El conflicto armado se prolongó durante décadas, con consecuencias desastrosas para la población civil.
Colombia no puede cerrar los ojos ante episodios que, como la Toma del Palacio de Justicia (1985), revelan la peor cara de la violencia: donde confluyen el exceso del Estado, la irracionalidad de las armas y la sombra de la corrupción. Este caso, como muchos otros, exige memoria sin censura, justicia sin miedo y una reparación que dignifique a las víctimas.
Solo así evitaremos que el Palacio se convierta en un símbolo de impunidad, sino en una lección para no repetir la historia.
El Palacio no fue solo un "enfrentamiento", fue un punto de quiebre que mostró cómo la violencia puede borrar la verdad.
6. Exterminio político y violencia paramilitar (1980–1990): Eliminar la oposición
En esta etapa, grupos paramilitares, narcotraficantes y sectores del Estado ejecutaron un plan sistemático de eliminación contra líderes opositores, jueces y defensores de derechos humanos.
Víctimas emblemáticas:
Rodrigo Lara Bonilla (1984): Ministro de Justicia, asesinado por sicarios del Cartel de Medellín tras denunciar a Pablo Escobar y apoyar la extradición.
Jaime Pardo Leal (1987): Candidato presidencial de la Unión Patriótica, asesinado por redes paramilitares asociadas a inteligencia militar tras denunciar el exterminio de su partido.
Luis Carlos Galán Sarmiento (1989): Candidato del Nuevo Liberalismo, asesinado por orden del Cartel de Medellín, con complicidad de miembros del DAS y políticos corruptos.
Bernardo Jaramillo Ossa (1990): Candidato de la UP, asesinado por el grupo paramilitar "Los Masetos", bajo protección estatal mínima deliberadamente omitida.
Carlos Pizarro Leongómez (1990): Excomandante del M-19, asesinado tras su desmovilización por redes narcoparamilitares; hay evidencias de participación de sectores oficiales.
Manuel Cepeda Vargas (1994): Último senador activo de la UP, asesinado por miembros del Ejército Nacional, según sentencia de la Corte Interamericana.
Carlos Ernesto Valencia García (1987): Magistrado asesinado por el Cartel de Medellín mientras investigaba actividades de narcotráfico y corrupción estatal.
La Unión Patriótica sufrió un genocidio con más de 5.000 militantes asesinados, reconocido por la Corte IDH como crimen de lesa humanidad. Fue una política de exterminio, no un exceso aislado.
7. Narcotráfico como actor violento (1980 – 1993): El terror de los carteles.
El narcotráfico se convirtió en un actor político que usó el terror para doblegar al Estado. El Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, fue responsable de:
- Asesinatos de líderes políticos y jueces.
- Atentados masivos como el del DAS (63 muertos) y el vuelo de Avianca (110 muertos).
- Infiltración institucional y financiación de campañas.
8. Paramilitarismo moderno: Las AUC y el despojo armado (1997 – 2006).
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando de Carlos Castaño, consolidaron una estrategia contrainsurgente que desplazó a millones y asesinó a miles:
Masacres como El Salado, Mapiripán y Chengue.
Cooptación de alcaldías, gobernaciones y el Congreso (caso de la "parapolítica").
Desmovilización incompleta bajo el gobierno Uribe, que permitió la mutación hacia
nuevas bandas criminales.
9. "Falsos positivos" y crimen de Estado (2002–2010): Ejecuciones extrajudiciales sistemáticas
Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo la política de "seguridad democrática", el Ejército Nacional ejecutó al menos 6.402 civiles inocentes entre 2002 y 2008, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate.
Sustento y fuentes:
JEP, Auto 033 de 2021: Documenta el número oficial de víctimas.
Informe "Colombia Nunca Más" y múltiples ONG de derechos
humanos: Detallan los perfiles de las víctimas —jóvenes pobres, campesinos,
desempleados— reclutados con falsas promesas laborales.
Patrón sistemático: Incentivos institucionales como recompensas
económicas, ascensos y licencias, y presión desde altos mandos militares.
Caso emblemático:
Soacha (2008): 19 jóvenes desaparecieron en Cundinamarca y reaparecieron asesinados como supuestos combatientes en Ocaña (Norte de Santander). Fue la alerta nacional que destapó el patrón criminal.
La JEP calificó estos hechos como crímenes de sistema, por su carácter generalizado, sistemático y con encubrimiento institucional.
10. Acuerdo de Paz y violencia persistente (2016–presente).
El Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016 fue un hito, pero su implementación ha sido limitada. Desde entonces:
- Más de 1.500 líderes sociales han sido asesinados. Más de 400 excombatientes firmantes del acuerdo han sido eliminados.
- En muchos territorios, el Estado no llegó, pero sí lo hicieron disidencias, carteles y nuevas estructuras armadas.
11. Petro: ¿Causa o consecuencia?
El presidente Gustavo Petro ha heredado una historia de violencia no resuelta. Es legítimo cuestionar fallas actuales en seguridad, pero atribuirle más de un siglo de violencia estructural es desinformar. Las causas del conflicto siguen vigentes:
- Desigualdad en la tenencia de la tierra.
- Ausencia del Estado en zonas rurales.
- Persistencia de economías ilegales.
- Impunidad estructural.
NINGÚN GOBIERNO podrá resolver solo esta tragedia sin el respaldo de una sociedad comprometida con la justicia.
12. La corrupción política es otra forma de violencia estructural.
Aunque a veces no se le nombre así, la corrupción también mata. No solo desvía recursos públicos que podrían salvar vidas (en salud, educación, infraestructura), sino que destruye la confianza en las instituciones, profundiza la desigualdad y alimenta otros ciclos de violencia.
¿Por qué la corrupción es violencia?
- Violencia económica: Roba oportunidades a millones, especialmente a los más pobres. Ejemplo: los escándalos de contratación en hospitales que dejan sin medicamentos a pacientes, o las obras públicas inconclusas por desvíos de plata.
- Violencia institucional: Cuando jueces, policías o funcionarios son comprados, se niega justicia y se protege a criminales (paramilitares, narcos, políticos corruptos). Esto perpetúa la impunidad.
- Violencia social: La corrupción desmoviliza y genera desesperanza. Muchos ciudadanos piensan: "¿Para qué votar o protestar si todo sigue igual?", lo que debilita la democracia.
- Conexión con el conflicto armado: Históricamente, ha habido alianzas entre corruptos y actores violentos (ej: parapolítica, narcopolítica). La plata sucia financia campañas y luego esas élites bloquean reformas para mantener privilegios.
Conclusión
Colombia necesita memoria, justicia y compromiso colectivo. La violencia política en Colombia no tiene un solo rostro. Ha sido ejercida por guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, partidos tradicionales y por el propio Estado. Esta historia no puede reducirse a coyunturas políticas ni simplificarse en discursos de ocasión.
Para romper este ciclo, Colombia necesita algo más profundo:
El conflicto no debe seguir definiendo nuestra identidad como país. Es hora de cesar la violencia, defender la vida y consolidar una democracia incluyente. El futuro de Colombia exige un compromiso de toda la sociedad con la PAZ, con la dignidad y con la transformación estructural que esta nación ha esperado por más de un siglo.
La violencia ha sido un obstáculo, no una vía para construir país. Colombia solo ha avanzado cuando ha apostado por la paz, la inclusión y la justicia social.
Lo ideal para Colombia tras más de un siglo de violencia política estructural no es una solución rápida, ni única, sino un proceso profundo, sostenido y transformador. Implica enfrentar causas de fondo, no solo síntomas.
Lo ideal sería:
1. Una democracia real e incluyente
Donde todos los sectores sociales tengan voz, sin que protestar o hacer política signifique arriesgar la vida. Reformas que garanticen participación efectiva en territorios históricamente excluidos.
2. Un Estado presente, justo y eficaz
Que llegue a las regiones con salud, educación, vías y justicia, no solo
con militares.
Que rompa con la impunidad y castigue tanto al corrupto como al criminal
armado.
3. Verdad, memoria y justicia sin selectividad
Reconocer el dolor de todas las víctimas, sin negar hechos ni
instrumentalizar la historia.
Sancionar responsables, sin importar su uniforme o ideología.
4. Reforma rural integral
Distribución equitativa de la tierra, fomento de proyectos productivos y garantías para los campesinos.
Desarrollo sostenible con enfoque territorial.
5. Erradicación de la corrupción
Combatir la violencia que nace del saqueo institucional: educación de calidad, justicia independiente y vigilancia ciudadana activa.
6. Cultura de paz
Educar desde la infancia en la no violencia, la empatía, los derechos humanos y el diálogo.
Lo ideal sería que Colombia deje de reaccionar ante la violencia y empiece a prevenirla estructuralmente, apostando por la equidad, la dignidad y la justicia.
En Colombia, los medios de comunicación tienen el poder de construir paz o perpetuar la violencia. Cuando se usan para manipular, desinformar o estigmatizar, alimentan el conflicto. Pero cuando visibilizan la verdad, dan voz a las víctimas y promueven el diálogo, se convierten en aliados fundamentales de la reconciliación.
La memoria duele, pero es necesaria: Sin justicia para el pasado, no habrá paz en el futuro. (Carey - 2025)